El Proceso Especial de Protección en sede administrativa, regulado en nuestro sistema a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, representa un hito crucial en la defensa de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.
Este proceso no solo se limita a la identificación y respuesta ante situaciones de vulnerabilidad o riesgo para los niños, niñas y adolescentes, sino que también busca promover su desarrollo integral y su bienestar emocional y psicosocial.
El Proceso Especial de Protección se activa cuando los derechos reconocidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia son amenazados o violentados por diversas causas.
Estas pueden ser la acción u omisión de la sociedad o el Estado, la falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables, o acciones u omisiones contra sí mismos por parte de los menores de edad.
Una de las características distintivas de este proceso es su enfoque preventivo y proactivo. No se trata únicamente de intervenir cuando los derechos de los menores han sido vulnerados de manera evidente, sino también de anticiparse a posibles situaciones de riesgo y tomar medidas tempranas para evitar daños mayores.
Esta perspectiva preventiva se refleja en la variedad de medidas de protección contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, las cuales abarcan desde la orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia, hasta la inclusión en programas de tratamiento médico o psicológico, cuido provisional en familias sustitutas, o incluso la suspensión de la patria potestad en casos graves de incumplimiento de medidas.
Es importante no confundir este procedimiento con un proceso de protección en violencia doméstica. Ya que, desde su entrada en vigencia en 1998, el Código de Niñez y Adolescencia regula los procedimientos para aplicar medidas de protección, con un enfoque especial en la protección de los niños, niñas y adolescentes.
Se resalta que el Proceso Especial de Protección no opera de manera aislada, sino que forma parte de un sistema integral de protección de los derechos de la niñez. Este sistema involucra la coordinación y colaboración de diversas instituciones y actores, tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil, con el fin de garantizar una respuesta efectiva y coordinada ante las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan los menores de edad.
En la fase administrativa, las Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia juegan un rol central. Estas oficinas son las encargadas de iniciar y llevar a cabo el proceso especial de protección, actuando en defensa del interés superior de la persona menor de edad.
Es crucial destacar que, durante este proceso, se garantiza el principio de defensa y el debido proceso, asegurando que las decisiones administrativas respeten los derechos y garantías de todas las partes involucradas.
En cuanto al proceso judicial, este entra en juego cuando se agota la vía administrativa o en casos específicos que requieren la intervención de un juez de familia. Aquí, se revisan las medidas tomadas en la fase administrativa, se realizan audiencias para escuchar a todas las partes involucradas, se recaban pruebas y se emite una resolución final en un plazo determinado.
Si tienes consultas o si estas atravesando una situación en que tus derechos y tu integridad se está viendo comprometida, no dudes en contactarnos.
