Medidas de protección del adulto mayor en Costa Rica

La Constitución Política de Costa Rica establece un sólido marco de protección para la familia, reconociéndola como el núcleo fundamental de la sociedad. Esta protección se extiende a los adultos mayores, que son parte de la estructura familiar y beneficiarios de las garantías constitucionales. La familia es vista como un elemento natural y un fundamento esencial, lo que implica una responsabilidad especial del Estado para garantizar su bienestar en todas sus formas.

Nuestra normativa promueve que los adultos mayores permanezcan integrados en sus núcleos familiares y comunidades. De esta manera, se busca que participen activamente en la formulación y ejecución de políticas que afecten directamente su bienestar, y que tengan la oportunidad de prestar servicios a la comunidad en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.

La vulnerabilidad del adulto mayor es una realidad compleja y multifacética, resultado de una combinación de factores físicos, económicos, sociales y psicológicos que se agravan con el envejecimiento.

• Salud Deteriorada: Con el paso del tiempo, los adultos mayores son más propensos a sufrir de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y enfermedades cardíacas. Además, pueden experimentar una disminución en sus capacidades físicas y cognitivas, lo que puede llevar a una mayor dependencia de otros para realizar actividades diarias. Esta situación no solo pone en riesgo su bienestar físico, sino que también puede afectar su salud mental, incrementando la probabilidad de desarrollar depresión y ansiedad.
• Dependencia Económica: La jubilación, aunque es un derecho ganado, a menudo trae consigo desafíos financieros. Las pensiones que reciben muchos adultos mayores pueden no ser suficientes para cubrir todos sus gastos. Los adultos mayores con limitadas redes de apoyo económico pueden encontrarse en situaciones de precariedad financiera, lo que los hace más vulnerables a situaciones de explotación o negligencia.
• Aislamiento Social: El envejecimiento también puede estar acompañado de una reducción en las redes sociales y de apoyo. La pérdida de amigos y seres queridos, junto con la disminución de la movilidad, puede conducir al aislamiento social. Sin el apoyo y la compañía de una red social activa, los adultos mayores pueden sentirse desamparados y desmotivados.
• Discriminación por Edad: La discriminación basada en la edad, es otro factor que contribuye a la vulnerabilidad de los adultos mayores. En muchas ocasiones, esta distinción conlleva a un trato injusto en el ámbito laboral, en el acceso a servicios de salud, y en la sociedad en general. Esta discriminación puede limitar sus oportunidades de empleo, su participación en actividades comunitarias, y su acceso a recursos necesarios para mantener una buena calidad de vida.

La combinación de estos factores puede tener un impacto profundo en el bienestar psicológico y emocional de los adultos mayores. La sensación de pérdida de autonomía, la preocupación por la seguridad financiera, y el sentimiento de soledad pueden contribuir a problemas de salud mental. Es crucial abordar estos aspectos a través de un apoyo psicológico adecuado y la promoción de un entorno social inclusivo y solidario.

La violencia contra los adultos mayores puede manifestarse de diversas formas, incluyendo:

• Violencia Física: Esta se presenta con golpes, empujones, y otras formas de agresión física que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.
• Violencia Psicológica: la violencia psicológica puede presentarse como insultos, amenazas, humillaciones, y otros actos que afectan la autoestima y el bienestar emocional del adulto mayor.
• Violencia Patrimonial: Se considera violencia patrimonial el robo, fraude, o manipulación de los recursos económicos del adulto mayor. Esto puede incluir el control indebido de sus pensiones o propiedades.
• Violencia Sexual: Abuso sexual, coerción, o cualquier conducta sexual no deseada hacia el adulto mayor. Esto puede involucrar actos físicos, verbales, o de manipulación para obtener favores sexuales contra la voluntad de la persona mayor.
• Negligencia: La negligencia puede presentarse como falta de atención a las necesidades básicas del adulto mayor, como la alimentación, la higiene, y la atención médica. La negligencia puede ser tan dañina como el abuso directo.

Las medidas de protección pueden ser solicitadas en los juzgados de violencia doméstica. En caso de que exista un delito como la explotación o maltrato de la persona adulta mayor, se debe interponer la denuncia en el Ministerio Público. Lo especial de las medidas de las medidas de protección, es que pueden ser solicitadas por cualquier persona, sin necesidad de que exista un vínculo de afinidad o consanguinidad. Estas denuncias pueden ser interpuestas por la víctima, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), un familiar, o un tercero que tenga conocimiento de la situación, como podría ser un vecino de la víctima. Es fundamental que cualquier sospecha o evidencia de maltrato sea reportada para asegurar la protección y el bienestar de la persona adulta mayor.

Según la ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en su artículo 57, se indica que, para prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los procedimientos ordenados en la Ley Contra la Violencia Doméstica.

Las autoridades pueden tomar medidas como el desalojo del agresor, cambio de domicilio para la víctima, allanamiento del hogar, prohibición de armas, restricción de interferencia, asignación de guarda protectora, prohibición de intimidación, obligación alimentaria provisional, embargo preventivo, uso exclusivo del menaje de casa, y reparación de daños.

La ley establece varias sanciones para quienes cometan agresiones contra personas adultas mayores, clasificadas en sanciones penales y civiles.

Las sanciones penales se aplican a aquellos que cometan agresiones físicas, sexuales o psicológicas contra personas adultas mayores. Por ejemplo, si alguien ejerce violencia física o sexual, puede enfrentar penas de prisión de uno a tres meses. En el caso de violencia psicológica, la sanción puede ser de uno a seis meses de prisión. Además, si una persona abusa de su poder para inducir a un adulto mayor a realizar actos perjudiciales sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, puede enfrentar una pena de prisión de uno a dos años.

En el ámbito civil, una agresión contra una persona adulta mayor puede llevar a que se declare la indignidad o ingratitud del agresor. Esto significa que el agresor podría perder derechos de herencia o la capacidad de recibir donaciones de bienes.

Sí se puede denunciar. Los centros de cuido o de atención para personas adultas mayores se exponen a sanciones administrativas. Si se detectan irregularidades administrativas que no causen daño inmediato, puede haber una amonestación por escrito. Sin embargo, si el incumplimiento de deberes afecta la salud física o psicológica de un adulto mayor, el apoyo financiero y técnico al centro puede ser suspendido hasta por un año. En casos más graves, donde se repitan las faltas, puede cesarse el apoyo de manera definitiva, o incluso suspenderse temporalmente o extinguirse la autorización de funcionamiento del centro.

Además, los centros de atención donde ocurra la agresión, si se comprueba judicialmente, serán responsables de la reparación civil de los daños ocasionados.

La protección del adulto mayor no es solo una obligación legal, sino también un deber moral y social. Si tu o un ser querido está pasando por una situación de vulneración de derechos, no dudes en contactarnos.